Superficie en disputa: los millones de hectáreas que enfrentan al campo y al Estado
En un proceso que inició en septiembre de 2025 y que ha generado gran interés y participación, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) se encuentra definiendo una lista de 99 sitios prioritarios para la conservación en Chile. La propuesta busca declarar sitios que cubren casi 4 millones de hectáreas, una superficie comparable a toda la región de Coquimbo. Este esfuerzo se suma al hecho de que Chile ya cuenta con un 22% de su superficie total bajo alguna categoría de área protegida.
La iniciativa se enmarca en la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). El objetivo central detrás de la declaración de estos sitios es resguardar formaciones vegetacionales y proteger áreas clave que aporten a la representatividad ecosistémica y a su singularidad ecológica, o que constituyan hábitats esenciales para especies amenazadas.
La consulta pública, extendida debido al interés generado, se mantiene abierta hasta el de diciembre para la macrozona sur, con fechas diferenciadas —2 y 3 de diciembre— para las zonas norte y central. El MMA ha invitado activamente a cualquier persona natural o jurídica a enviar antecedentes técnicos, comentarios, sugerencias o correcciones, los cuales serán analizados antes de la definición del listado final.
RESTRICCIONES Y CARGA FINANCIERA
Aunque el objetivo de los sitios prioritarios es similar al de las áreas protegidas —el resguardo de formaciones vegetacionales—, la diferencia fundamental reside en quién asume los costos. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ha manifestado su profunda preocupación y señala que en los sitios prioritarios el costo de las nuevas restricciones recae directamente sobre sus propietarios.
Este factor es especialmente crítico para el mundo rural chileno, el cual está compuesto en un 99% por pequeños y medianos productores. Según la SNA, estos productores carecen de los recursos financieros o técnicos necesarios para participar eficazmente en procesos de alta complejidad técnica o para contratar asesorías ambientales que les permitan cumplir con las nuevas exigencias. Antonio Walker Prieto, presidente de la SNA, ha enfatizado el rol fundamental que históricamente ha jugado el sector agrícola en la preservación del medio ambiente. 'Los agricultores son, en los hechos, los primeros cuidadores de la biodiversidad.
Ellos trabajan. diariamente y dependen directamente del suelo, el agua y los ecosistemas para la producción de alimentos, y además tienen un profundo amor por la flora y fauna nativa del país', sostuvo. Por ello, desde la perspectiva del gremio, la imposición de nuevas cargas ambientales sin un diálogo efectivo ni compensación económica adecuada resulta ser injusta y contraproducente para el desarrollo rural y la producción de alimentos.
¿ÁREAS PROTEGIDAS 0 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN?
Ante las inquietudes manifestadas por el sector productivo, particularmente la agricultura, las autoridades del MMA han buscado clarificar el alcance de esta medida. Enrique Rebolledo Toro, seremi del Medio Ambiente, ha explicado que es crucial entender que los sitios prioritarios no son áreas protegidas.
La autoridad aclaró que estos sitios son, más bien, instrumentos de conservación que tienen la función de orientar la planificación ecológica y territorial, además de poner en valor la riqueza natural de Chile corno país. Una de las principales garantías entregadas por la autoridad ambiental es que la designación de sitios prioritarios no afectará las actividades productivas que se están desarrollando actualmente, como es el caso de la ganadería.
LA URGENCIA DEL REGLAMENTO PENDIENTE
A pesar de la apertura al diálogo manifestada por las autoridades del SBAP y el seremi Rebolledo Toro, la SNA ha insistido en que, para que el agro pueda aportar constructivamente ala mejora de la normativa ambiental, es indispensable que exista claridad normativa. El gremio agrícola, cuya presidencia expuso las inquietudes ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, subraya que la ley que mandata la creación y definición de estos sitios requiere un reglamento de sitios prioritarios que, hasta la fecha, aún no ha sido promulgado.
Así, la SNA, a través de su presidente Antonio Walker Prieto, ha afirmado que el sector agrícola está plenamente disponible para colaborar en el mejoramiento de la normativa ambiental. Sin embargo, esta colaboración está condicionada a la disposición del reglamento pendiente. La protección de la naturaleza es vista como un objetivo común, pero para lograrlo, la tarea de conservación 'debe construirse con diálogo, transparencia y corresponsabilidad'.
Jorge Guzmán B.-
La Tribuna
