Ley SBAP: Gobierno desiste de avanzar en definición de sitios prioritarios
A 17 días de que culminara el plazo para recibir observaciones en la consulta ciudadana sobre la definición de 'sitios prioritarios', el Gobierno decidió no continuar con este proceso, que se enmarca dentro de la implementación de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), institución dependiente del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
Esta norma elevaría los estándares de protección en dichas zonas, que 'podrán ser objeto de uno o más instrumentos para la conservación de la biodiversidad establecidos en la presente ley', según señala la legislación promulgada en septiembre de 2023.
La decisión de suspender el proceso fue comunicada ayer por la cartera encabezada por Maisa Rojas, luego de que en las últimas semanas se intensificara el malestar en el mundo empresarial por la 'acelerada' tramitación de la consulta pública para definir estas áreas, así como también porque los planteamientos de los privados –afirman– no habrían sido tomados en cuenta.
El MMA presentó un listado preliminar de 99 sitios prioritarios —de un total de 350— en consultas públicas para las macrozonas norte, centro y sur. A nivel nacional, estas áreas abarcarían 3,9 millones de hectáreas.
El sector privado, representado por los principales gremios del país, advirtió sobre una posible afectación en el desarrollo de las actividades económicas como la minería, construcción, agricultura, forestal, salmonicultura y pesca que figuran al interior de estos sitios. Las dudas también apuntaban a futuras trabas para nuevos proyectos de inversión. 'Esto virtualmente puede generar un congelamiento a la actividad productiva', dijo Susana Jiménez, presidenta de la CPC, en una rueda de prensa a fines de octubre.
Medio Ambiente señaló ayer en un comunicado que 'como resultado del masivo proceso de consulta pública' y de los diálogos sostenidos con algunos gremios sobre esta materia, tomaron la decisión de que 'no avanzará en la definición de este primer listado hasta que los insumos surgidos de estos procesos sean analizados en profundidad'.
Inquietudes
Desde el Gobierno indicaron que durante la consulta pública —que originalmente finalizaba a inicios de noviembre, pero se extendió hasta finales de este mes debido a los cuestionamientos de los gremios— recibió hasta ayer más de 3.000 observaciones. Medio Ambiente señaló que estos comentarios 'permitirán robustecer esta política pública y dar certeza sobre su alcance a todos los actores'. Según el artículo octavo transitorio de la ley, el MMA determinará mediante decreto supremo los sitios prioritarios, dentro de un plazo de cinco años desde su publicación. Para ello, deberá dictar un reglamento para establecer el procedimiento y los criterios para la declaración de un sitio prioritario. Sin embargo, este documento aún no se elabora.
En el entorno del ministerio indican que, tras recibir un alto volumen de observaciones en la consulta pública, resultaría 'complejo' que sean analizadas en profundidad en el corto plazo. Por lo tanto, apuntan a que estos comentarios sean revisados dentro de las fechas establecidas en la ley. Es decir, esta definición podría quedar en manos del próximo gobierno. No obstante, en el sector privado hay dudas sobre los plazos y apuntan a que podría quedar más definido en función de los resultados de las elecciones de este fin de semana.
Gremios valoran decisión
Tras la decisión del Ejecutivo, Susana Jiménez, presidenta de la CPC, afirmó que valoran este anuncio debido a que 'el proceso estaba avanzando sin contar con un marco normativo previamente establecido, ni con criterios técnicos y científicos, vulnerando así el principio de legalidad, restringiendo la realización de actividades económicas y poniendo en riesgo el derecho de propiedad'.
Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, sostuvo que 'una política de esta envergadura requiere un marco reglamentario completo y bases sólidas que permitan resguardar la biodiversidad sin generar incertidumbre ni afectar la planificación productiva y la inversión'.
Antonio Walker, presidente de la SNA, indicó que 'la conservación es un objetivo común, pero se debe construir mediante diálogo, transparencia, la corresponsabilidad y el respeto por la propiedad privada'.
Jorge Riesco, presidente de Sonami, apuntó a que cuando el sector privado trabaja coordinadamente, 'podemos contribuir a mejorar las políticas públicas y dar cuenta que una mala implementación tiene costos enormes para el desarrollo'.
A su vez, Alfredo Echavarría, presidente de la CChC, aseveró que 'la institucionalidad ambiental está llamada a proteger la biodiversidad, pero también a permitir el desarrollo'.
Arturo Clement, presidente de SalmonChile, puntualizó que 'aún quedan más de una decena de reglamentos de la Ley SBAP en trámite que deben ser analizados también con la participación de distintos actores'.
La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) manifestó que espera 'que este espacio de revisión permita avanzar hacia un marco regulatorio claro, con certeza jurídica y con una mirada integral que reconozca el rol que cumple el turismo en la conservación activa, el empleo y el bienestar de las comunidades locales', dijo Mónica Zalaquett, directora ejecutiva de esa organización.
N. Birchmeier y S. Neira-
El Mercurio
