Ministro de Agricultura criticaba al TPP en el gobierno de Piñera



El informe de la ONG Derechos Digitales titulado "Chile y las negociaciones del tpp: análisis del impacto económico y político" plantea que adscribir a este tratado no beneficia a nuestro país, de hecho, según Carlos Furche, "existen fundados argumentos para sostener que se trata de compromisos que limitarían los márgenes de maniobra para la adopción de políticas públicas.

El actual Ministro de Agricultura, Carlos Furche, cuando era consultor internacional en el gobierno de Sebastián Piñera, redactó informe criticando y advirtiendo los riesgos que corría Chile al suscribir al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), tratado que fue firmado por el Canciller Heraldo Muñoz el 3 de febrero de este año.

El informe de la ONG Derechos Digitales titulado "Chile y las negociaciones del tpp: análisis del impacto económico y político" dice que en "el caso de Chile es muy particular, pues se trata del único de los países participantes que posee acuerdos plenamente vigentes con todos los demás socios. Esta singular condición permite poner el debate respecto de costos y beneficios de esta negociación en un plano diferente al de otros países participantes".

Es por esta razón, según el informe, nuestro país se encuentra en una situación particular "derivada del hecho de que se trata del único país que posee acuerdos vigentes con todos los demás socios", lo que "determina que sea seguramente el país con menores incentivos para su participación, justamente porque no existe espacio para obtener ganancias relevantes en términos de acceso a mercados y perfeccionamiento de disciplinas comerciales".

En las consideraciones generales del informe, el actual Ministro de Agricultura plantea que "el avance del proceso negociador hasta el momento, permite advertir la existencia de importantes presiones para aumentar las concesiones otorgadas por Chile en áreas sensibles, como ?Propiedad Intelectual?, ?Movimiento de Capitales? y ?Medio Ambiente?, entre otros, así como la incorporación de nuevas disciplinas y regulaciones en otras áreas de especial sensibilidad, como eventuales restricciones en el área de ?Derechos Digitales?, ?Coherencia Regulatoria?, o para el establecimiento y funcionamiento de empresas del Estado", elementos que han sido cuestionados hasta el día de hoy por organizaciones sociales y algunos políticos como Camila Vallejo.

"De concretarse esta situación, Chile se vería en el paradojal escenario de pagar dos veces por la obtención del mismo beneficio, dada la imposibilidad de obtener beneficios adicionales" señala.

Finalmente, Furche - quien también estuvo a cargo de la Direcon - asegura que "no existe ninguna evidencia de que la adopción de nuevos compromisos en las materias en que se están demandando, sea una necesidad surgida de nuestros propios intereses, o que se trate de estándares y regulaciones que favorezcan nuestro desarrollo. Por el contrario, existen fundados argumentos para sostener que se trata de compromisos que limitarían los márgenes de maniobra para la adopción de políticas públicas, en el corto o largo plazo, que si pueden ser muy relevantes para obtener un desarrollo más equilibrado, sostenible e incluyente", refiriéndose a las consecuencias para nuestro país.


El Mostrador
12 febrero 2016